Las actuaciones en materia de RSE no deben ser inconexas y centrarse únicamente en  el ámbito de la acción social, el patrocinio o la filantropía, sino que deben tener un enfoque global y transversal con actuaciones en los ámbitos del empleo, la    accesibilidad o la comunicación, contemplando el colectivo de  personas con discapacidad desde una perspectiva de 360 grados: accionistas, inversores, empleados, consumidores, proveedores, etc.

Si la discapacidad debe ser un elemento que afecta transversalmente a toda la  actividad de la empresa, sus necesidades específicas también deben ser tenidas en todos sus ámbitos: organización, recursos humanos, sistemas de producción, comunicación, procedimientos y protocolos, diseño de productos, prestación de servicios, uso de herramientas tecnológicas, atención a clientes, entornos físicos y tecnológicos, etc.... y todo ello entendido dentro de  una buena práctica de inversión y gestión empresarial.

También entendemos que  la responsabilidad y desarrollo en esta materia no sólo puede recaer en las empresas, siendo fundamental y necesaria la intervención en esta materia de la Administración Pública, regulando y promoviendo actuaciones, normas o  legislación específica, siendo referente en materia de transparencia en la gestión, generadora de empleo, contratación pública responsable, e inversiones igualmente responsables.

El actual es un momento para abrir paso a la innovación, la cooperación y la colaboración que traiga consigo nuevas oportunidades, nuevos principios, nuevos enfoques y mayor compromiso por parte de todos/as bajo el abrigo de las RSE.

 




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